POLíTICA


DECLARACIONES

Delia Ferreira Rubio: "El conflicto de interés se puede convertir en la antesala de la corrupción"



Fecha: 13/02/2018   14:14

Desde que fue elegida como titular de Transparencia Internacional en octubre pasado, Delia Ferreira Rubio prácticamente no paró




En los últimos tres meses, la agenda de la cordobesa estuvo a tope. En noviembre, participó en Viena de una nueva reunión de la Convección Anticorrupción, luego estuvo en Berlín, donde se encuentra la sede de Transparencia Internacional, para más tarde viajar a Davos con motivo del Foro Económico Mundial.

Ferreira Rubio cuenta con una larga trayectoria en la lucha contra la corrupción y al menos hasta 2019 estará al frente de en Transparencia Internacional. El organismo tiene varias líneas de trabajo que abarcan al sector público y al sector privado. Desde la llegada de la argentina, la agencia puso en marcha un plan para poner atención en cómo afectan las nuevas tecnologías a la transparencia mundial haciendo foco en la educación de los niños.

De paso por Buenos Aires y en un alto en su apretada agenda, Ferreira Rubio dialogó con ámbito.com sobre los últimos los casos nepotismo que salpicaron al Gobierno y los conflictos de intereses que se podrían suscitar con algunos de los funcionarios nacionales. En ese contexto, defendió a Laura Alonso al tiempo que advirtió que la Oficina Anticorrupción debería contar con mayor independencia.

Periodista: ¿Cuáles son las cuentas pendientes del Gobierno en materia de transparencia en la Argentina?
Delia Ferreira Rubio: Un centro de atención es la sanción de una Ley de integridad pública que debería corregir a la Ley de ética pública que tenemos ahora. Otro tema central es el de los conflictos de interés. El origen de buena parte de los funcionarios públicos viene del mundo empresarial y eso plantea conflictos que hemos visto. Quizás el más notorio haya sido el del ministro de Energía Juan José Aranguren respecto a las acciones que tenía en Shell. El último caso lo vimos en el expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere. El conflicto de interés es un tema muy serio que se puede convertir en la antesala de la corrupción.

P: ¿Cómo debería el Gobierno subsanar estas cuentas pendientes?
DFR: Tiene que solucionarlos, claramente porque los conflictos de interés son un problema. Si vos tenés un esquipo de Gobierno que proviene del sector empresarial tenés que poner una luz de alerta y ser muy estricto para evitar el mecanismo de la puerta giratoria o incompatibilidades si fuera el caso. Para eso hay que generar un mecanismo para que los funcionarios no decidan sobre cuestiones que puedan representar un conflicto de interés. Las soluciones legales siguen múltiples modelos en el mundo, pero de lo que se trata es de evitar que exista el conflicto de interés.

P: ¿En esos casos que mencionas el Gobierno actuó correctamente?
DFR: La devolución de los fondos de Etchevehere me parece razonable. Él sostuvo que había consultado a la Oficina Anticorrupción (OA) y que había una nota del organismo en donde le decían que no había problema en recibirlo. Entonces, parece que la decisión de devolverlo fue unilateral de Etchevehere. Uno de los mecanismo de salida consiste es pedirle al funcionario que se abstenga de decidir y así delegar la firma. En ese caso, hay que tener en cuenta que la firma tiene que pasar a alguien que no dependa del funcionario que tiene el conflicto por lo que la firma debería pasarse a otro ministro, por ejemplo.

P: ¿Cuál es tu evaluación respecto a los casos de nepotismo que salieron a la luz en las últimas semanas?
DFR: Los casos de nepotismo o de nombramientos de amigos, son casos de violación a la Ley de ética pública. Nuestra ley vigente hay una serie de deberes en la que el funcionario no puede beneficiar a sus familiares. Lamentablemente, no es una práctica de este Gobierno, sino que es una práctica histórica en los tres poderes y en algunos con más acento como el Judicial. El Poder Judicial Federal en las provincias es un coto familiar.

P: ¿Cómo se podrían solucionar esos vicios?
DFR: El decreto del Gobierno limitando los nombramientos tiene un poder más simbólico que real y tampoco es la forma. La única manera de acabar con esto es que se entre a la administración pública por concurso y que tengan el mérito para llegar porque puede haber un hermano que haya ganado un concurso público.

P: ¿Cree que la Oficina Anticorrupción está haciendo todo lo que está a su alcance ante este tipo de cuestiones?
DFR: Creo que Laura Alonso es intachable desde el punto de vista personal. Es una persona honesta, capaz y que conoce el tema. Mi problema con esa oficina es que no tiene independencia y un principio básico del control es que quien controla no puede depender del controlado. Porque si la OA depende del ministro de Justicia, que a su vez depende del Jefe de Gabinete, quien depende del Presidente, no me explico cómo realmente controlar con independencia. Es una crítica que siempre hemos hecho desde Poder Ciudadano respecto a todos los organismos de control. Se trata de una crítica al diseño institucional de la OA y espero que se corrija en la ley de integridad.

P: ¿No tiene ningún reproche a la tarea de Laura Alonso?
DFR: La OA ha avanzado en la transparencia de las Declaraciones Juradas, por ejemplo. También intervino en algunos conflictos de interés, pero mi crítica es que la oficina carece de la independencia necesaria para controlar.

P: ¿De quién debería depender entonces?
DFR: Debería ser una oficina autárquica como es el Defensor del Pueblo. Una oficina que no dependiera de quien tiene que controlar.

P: ¿Cómo debería ser ese nombramiento?
DFR: Obviamente tendría que haber un mecanismo de nombramiento que garantizara esa dependencia. Lo podés dotar como un organismo independiente, pero si lo ponés en manos de un funcionario, desarmás la independencia.

P: O si se coloca a una exdiputada del partido gobernante.
DFR: Es que el problema de quien ejerce el cargo es el diseño institucional. Además, es una persona que es del partido de Gobierno lo cual resta a su independencia, más allá de sus condiciones personales que son las mejores.

P: Del 1 al 10, ¿cómo califica al Gobierno en términos de transparencia?
DFR: Podría usar el índice de percepción de la transparencia en donde en general no estamos bien. Creo que el Gobierno ha avanzado un poco, no todo lo que se esperaría pero ha habido algunas cosas en materia de transparencia como la Ley de acceso a la información, por ejemplo. El discurso o la vocación de ser más transparente y la reacción ante algunos escándalos parecen que muestran algún grado de compromiso de transparencia. Pero el Gobierno aún tiene muchas cosas por hacer hacia adelante.

• La negativa al voto electrónico y el pedido para transparentar el financiamiento de la política

En los últimos años, Ferreira Rubio se convirtió en una de las especialistas que mayor objeción puso para la implementación del voto electrónico que la Casa Rosada busca aprobar a través de una reforma electoral. Para la cordobesa, la iniciativa oficial es un "capricho electrónico" e insiste con la implementación de la boleta única papel para las elecciones nacionales, tal como sucede en Córdoba y en Santa Fe.

Sin embargo, la titular de Transparencia Internacional considera que las modificaciones en el sistema electoral van más allá de un cambio en la manera de votar por lo que también exige blanquear el origen de los fondos de los partidos políticos mediante la modificación de la ley de financiamiento.

P: ¿Por qué se opone a la implementación del voto electrónico?
DFR: Desde que lanzaron el proyecto dije que se trataba de un "capricho electrónico". Si todo el mundo va a en sentido contrario, si el CONICET a pedido del Gobierno pide no avanzar, vos decís que avanzás igual es lo que en psicología cognitiva se conoce como capricho.

P: ¿Cuál sería la alternativa entonces?
DFR: La boleta única en papel solucionaría el robo de boletas, es más fácil y más barato. Si se quiere trabajar sobre la rapidez del escrutinio, se pueden utilizar otros mecanismos porque no estoy en contra de la tecnología. Digo no a la tecnología en la emisión del voto porque se pone en riesgo el secreto del voto y la integridad del resultado. Al voto electrónico se lo muestra como una cosa moderna cuando en realidad ya no lo es y se pretende solucionar algo que de otra forma se soluciona mejor y más barato.

P: Desde el Gobierno consideran que sería imposible implementar la boleta única papel en Buenos Aires.
DFR: Ellos dicen que no podría implementarla porque sería enormemente larga, pero la boleta única papel existe (NdR: en Provincia, los ciudadanos privados de la libertad utilizan la boleta única papel). Si los presos pueden votar con eso, qué tenemos nosotros de ciudadanos de segunda que no podemos usarla. El argumento de que la boleta es enorme parte del desconocimiento general porque Córdoba vota con una boleta que son del tamaño de dos hojas A4. Santa Fe tiene un sistema de diseño distinto por categoría y colores.

P: ¿Cuál de los sistemas sería el mejor para votar?
DFR: Cualquiera de los que mencioné me parece bien. El santafesino me gusta porque facilita también el conteo. El problema de la boleta divida en categorías es que no garantiza el efecto arrastre que sí garantiza la boleta partidaria que ahora usamos y eso explicaría que abandonarían el proyecto de reforma política porque ahora al Gobierno le conviene ir con la boleta tradicional.

P: Otro tema pendiente es el financiamiento de la política.
DFR: Se tienen que fortalecer los mecanismos de control. Nunca vamos a llegar a conocer todo porque siempre habrá fondos que van a entrar en negro. El tema es cómo hacer para que el organismo de control tenga la capacidad de detectar fondos que no fueron declarados por los partidos y que se usaron para la campaña. También hay que eliminar el secreto fiscal y el secreto bancario para el organismo que controla. No puede ser que dependa de la buena voluntad de quien está al frente del organismo.

P: ¿Las empresas privadas deberían estar habilitadas para aportar a las campañas políticas?
DFR: Sí, porque desde hace años vengo diciendo que esa prohibición es ridícula porque no evita nada incentivando que el aporte en negro. Además, cuando peleamos por la transparencia en el financiamiento no lo hacemos por curiosidad, sino porque el dato de quién financia la campaña es determinante para saber cuán creíble es el candidato y su plataforma. Cuando analizamos la gestión de Gobierno nos sirve para si actúa en beneficio general o si está devolviendo un favor. Me parece bien que las dejen aportar porque eso es lo que pasa en la realidad.



Fuente: 13 de febrero de 2018 (ámbito-derf)








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